Cuando se habla de modelos o ideologías políticas suele
referirse a ítems tales como economía, seguridad o educación, y seguramente estos
temas son muy buenos indicadores de las diferencias existentes entre lo que hoy
podemos resumir como el polo neoliberal y su contraparte, el polo popular. Sin
embargo hay otros puntos de interés que equivocadamente se suponen como de
pensamiento consensuado, que parecieran ser asépticos pero que, lejos de esto,
representan visiones y acciones completamente antagónicas según su origen
ideológico. Entre ellos las Políticas Alimentarias.
Que el alimento sea inocuo? Si si, acuerdo total. Que la
inocuidad se asegure mediante rígidas normas y procesos importados de los
grandes centros de consumo? No, aquí ya empiezan las diferencias, así que tomemos este punto y relacionemos con los modelos productivos existentes para ver de que se trata. Pasemos a
desarrollar.
Las normas por las cuales se rigen los registros y
habilitaciones de establecimientos, transportes y productos alimenticios se
resumen en el Código Alimentario Argentino, que tiene la virtud de fijar reglas
generales basadas en la premisa de seguridad alimentaria, pero por otro lado también
fija requisitos que se desprenden, mayoritariamente, de enfoques teóricos que
contemplan procesos y mecanismos para lograr inocuidad acondicionados para
exclusivo cumplimiento de la gran empresa y que excluye, por ejemplo, a los
procesos y mecanismos de elaboración ancestrales de los productores nativos de
baja escala. Para graficar mejor recomiendo que localice Ud. un responsable de bromatología
formado en estas teorías y nómbrele sorpresivamente la palabra “ARTESANAL” y
podrá observar una cara de espanto semejante a la de Drácula frente a una
ristra de ajos.
Ahora bien, hoy está más claro que nunca que hay quienes
quieren exacerbar el rol de policía alimentaria para evitar que los pequeños
productores atenten contra la concentración del mercado alimentario (solo hablan de seguridad alimentaria) y otros
pretendemos exacerbar el rol de acompañamiento al productor de baja escala
justamente por lo contrario, para incluirlos en el sistema, pero también para controlar
e incidir a favor de los consumidores (en cuanto a precio, calidad nutricional,
inocuidad y accesibilidad) en ese mismo mercado alimentario (hablamos de seguridad pero también de soberanía alimentaria).
De esas distintas premisas básicas se desprenden las
políticas alimentarias en uno u otro sentido. Y es, justamente, por estas
diferencias primarias de objetivos que me atrevo a aseverar que los puntos de
contacto entre las políticas alimentarias neoliberales y las populares son más
escasos de lo sospechado. De hecho es impensado que en otro modelo político distinto
del actual ocurran cosas tales como los programas nacionales de estímulo a pequeños
productores, o que se promulguen leyes como la de reparación histórica de
la agricultura familiar o la de economía social, o que se normaticen derechos
al consumidor impensados en los 90, o que se hayan impulsado medidas y
programas de protección a la salud de la población (reducción de grasas trans, o
de sal, de análisis y estímulo a productos libres de gluten, etc), o que se
hayan multiplicado las posibilidades de comercialización para microemprendedores
o productores artesanales o de la agricultura familiar, o que se hagan exenciones
impositivas o arancelarias a pequeños productores, o cientos de medidas más que
van en ese sentido. O como la experiencia que se hace en nuestra provincia, en donde distintas instituciones gubernamentales, académicas y no gubernamentales se
conformaron en una mesa interinstitucional de alimentación que priorizó en
forma absoluta a la producción en pequeña escala como objeto de sus principales
esfuerzos.
Con los poderosos o con los que menos tienen. En alimentación también se vota.