En Alimentación también se vota.

Cuando se habla de modelos o ideologías políticas suele referirse a ítems tales como economía, seguridad o educación, y seguramente estos temas son muy buenos indicadores de las diferencias existentes entre lo que hoy podemos resumir como el polo neoliberal y su contraparte, el polo popular. Sin embargo hay otros puntos de interés que equivocadamente se suponen como de pensamiento consensuado, que parecieran ser asépticos pero que, lejos de esto, representan visiones y acciones completamente antagónicas según su origen ideológico. Entre ellos las Políticas Alimentarias.

Que el alimento sea inocuo? Si si, acuerdo total. Que la inocuidad se asegure mediante rígidas normas y procesos importados de los grandes centros de consumo? No, aquí ya empiezan las diferencias, así que tomemos este punto y relacionemos con los modelos productivos existentes para ver de que se trata. Pasemos a desarrollar.

Las normas por las cuales se rigen los registros y habilitaciones de establecimientos, transportes y productos alimenticios se resumen en el Código Alimentario Argentino, que tiene la virtud de fijar reglas generales basadas en la premisa de seguridad alimentaria, pero por otro lado también fija requisitos que se desprenden, mayoritariamente, de enfoques teóricos que contemplan procesos y mecanismos para lograr inocuidad acondicionados para exclusivo cumplimiento de la gran empresa y que excluye, por ejemplo, a los procesos y mecanismos de elaboración ancestrales de los productores nativos de baja escala. Para graficar mejor recomiendo que localice Ud. un responsable de bromatología formado en estas teorías y nómbrele sorpresivamente la palabra “ARTESANAL” y podrá observar una cara de espanto semejante a la de Drácula frente a una ristra de ajos.

Ahora bien, hoy está más claro que nunca que hay quienes quieren exacerbar el rol de policía alimentaria para evitar que los pequeños productores atenten contra la concentración del mercado alimentario (solo hablan de seguridad alimentaria) y otros pretendemos exacerbar el rol de acompañamiento al productor de baja escala justamente por lo contrario, para incluirlos en el sistema, pero también para controlar e incidir a favor de los consumidores (en cuanto a precio, calidad nutricional, inocuidad y accesibilidad) en ese mismo mercado alimentario (hablamos de seguridad pero también de soberanía alimentaria).

De esas distintas premisas básicas se desprenden las políticas alimentarias en uno u otro sentido. Y es, justamente, por estas diferencias primarias de objetivos que me atrevo a aseverar que los puntos de contacto entre las políticas alimentarias neoliberales y las populares son más escasos de lo sospechado. De hecho es impensado que en otro modelo político distinto del actual ocurran cosas tales como los programas nacionales de estímulo a pequeños productores, o que se promulguen leyes como la de reparación histórica de la agricultura familiar o la de economía social, o que se normaticen derechos al consumidor impensados en los 90, o que se hayan impulsado medidas y programas de protección a la salud de la población (reducción de grasas trans, o de sal, de análisis y estímulo a productos libres de gluten, etc), o que se hayan multiplicado las posibilidades de comercialización para microemprendedores o productores artesanales o de la agricultura familiar, o que se hagan exenciones impositivas o arancelarias a pequeños productores, o cientos de medidas más que van en ese sentido. O como la experiencia que se hace en nuestra provincia, en donde distintas instituciones gubernamentales, académicas y no gubernamentales se conformaron en una mesa interinstitucional de alimentación que priorizó en forma absoluta a la producción en pequeña escala como objeto de sus principales esfuerzos.

Con los poderosos o con los que menos tienen. En alimentación también se vota. 

Transversalidad Sanitaria para militar el “derecho a no enfermar”.

 Vamos a intentar en esta oportunidad, establecer las limitaciones y posibilidades que tiene el colectivo de salud en cuanto a la disminución de brechas provocadas por cuestiones distintas a las conocidas por el sistema sanitario tradicional (agentes biológicos, accidentología, exposición a tóxicos,  etc.). También trataremos de diferenciar los derechos devenidos de la asistencia como de la prevención y los alcances de las estrategias inclusivas que los centros políticos ejecutivos llevan a cabo desde los ministerios.

Aunque suene repetitivo debemos en una primera instancia, mencionar algunos antecedentes seleccionados que respaldarán las argumentaciones posteriores respecto a la relación entre los determinantes sociales y el estado sanitario individual y poblacional. Esto es necesario, pues algunos de los datos vertidos en algunos trabajos científicos nos pueden ayudar a imaginar cuales podrían ser los ámbitos priorizados de trabajo.

Vamos a algunos ejemplos de trabajos realizados en nuestra Latinoamérica como el de Silva A., y Duran M. (Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana) llamado “MORTALIDAD INFANTIL Y CONDICIONES HIGIENICO-SOCIALES EN LAS AMÉRICAS”. Un estudio de correlación publicado en la revista de salud pública de Sao Paulo, donde en las conclusiones se menciona textualmente “Los resultados obtenidos muestran que las variables más influyentes en el riesgo de morir de los menores de un año son el nivel de educación materna y la tasa de natalidad. Por otra parte parece confirmarse que el aumento de los recursos destinados a la atención, por sí mismos, no mejoran la situación de la mortalidad infantil en nuestros países una vez alcanzado cierto nivel.” Aquí se ve que los esfuerzos asistenciales son necesarios pero pueden llegar a tener una influencia menor que los determinantes sociales sobre algunos indicadores de salud en particular.

Otras investigaciones son necesarias recordar por su potencia estadística como lo es un viejo trabajo de Hugo Behm del Centro Latinoamericano de demografía llamado “Determinantes económicos y sociales de la mortalidad en América Latina”, fue rescatado por la revista de salud colectiva de la Universidad de Lanús y muestra relaciones directas entre la mortalidad y una serie de variables tales como nivel de educación, residencia urbana o rural, grupos étnicos o clase social. Pero una gráfica sobre involución del salario y la mortalidad infantil es tan potente y patética que no podemos resistirnos a mostrarla.

Queríamos mencionar otro interesante trabajo científico que comprueba con originalidad la importancia de la educación, se trata de  “Nivel de Educación Parental y Mortalidad Infantil”  publicada en la revista de pediatría de Chile, cuyos autores fueron Medina y Cerda de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile. En el artículo pudieron relacionar la incidencia que tiene la combinación del nivel educacional paterno y materno con la mortalidad infantil y llegaron a la conclusión que la peor combinación (madre y padre con bajo nivel educacional alcanzado), triplicaba a la mejor combinación (padre y madre con más de 13 años de escolaridad) en cuanto a las tasas de mortalidad infantil.

Finalmente consideramos importante comentar un último trabajo, el cual nos habla de los riesgos que todavía no alcanzamos a visualizar como prioritarios en los esquemas estratégicos de políticas sanitarias. Se trata de una investigación de Monteverde, escrito por Cipponeri M.,  Angelaccio M. y Gianuzzi L. C., que data del año 2012 en donde encontraron que en la cuenca Matanza-Riachuelo el 9% de las muestras de agua provenientes de la red pública, el 45% de agua envasada y el 80% de las provenientes de perforaciones o pozos individuales resultaron no potables por exceso de coliformes, Escherichia coli o nitratos. Las muestras fueron hechas sobre las que se usan habitualmente para consumo domiciliario, y esto lo que muestra es que actualmente hay también riesgos regionales aumentados en algunas poblaciones frente a otras, creando condiciones de inequidad más alejadas todavía de las posibilidades de los Ministerios de Salud en cuanto a su resolución. No sólo por su incompetencia técnica sino que también por su lógica de abordaje individual frente a los problemas de salud.

Ya puestos en tema nos urge preguntarnos: ¿cómo valora el sistema formal de salud esta información? E inmediatamente tendemos a respondernos con lo que sabemos:

·         A la hora de estudiar asociativamente, alguna enfermedad en particular, situación de salud, riesgo a la salud o la mismísima mortalidad, siempre hacemos consideraciones especiales de algunos factores que en las hipótesis de trabajo figuran como determinantes o influyentes para la variabilidad de aquello que estemos estudiando.

·         Es fácil encontrar en casi todo análisis de relación salud – enfermedad a esos determinantes tales como educación, tipo de vivienda, condiciones socioeconómicas, etc., sospechados de afectar la uniformidad de cualquier enfermedad o situación sanitaria. Esto nos estaría indicando que ya hay una presunción o hipótesis de que dichas variables podrían incidir de una u otra forma en el objeto de investigación.

·         Por otro lado, en la mismísima anamnesis se consulta inexorablemente por características relacionadas con el nivel educacional, socioeconómico o ambiental del que esté requiriendo asistencia. Obviamente esto es devenido de estudios o experiencias previas que han relacionado estas características con la enfermedad en sí misma o con su gravedad. También aquí queda claramente establecido que el sistema asistencial no sólo no ignora la importancia de tales factores sino que inclusive les suele dar hasta valor diagnóstico.

Aclarado este punto, o sea dando por sentado que el sistema de salud conoce perfectamente la connivencia de los microbios de todo tipo con las condiciones de vida (así como también la relación de las condiciones de trabajo o las medioambientales en la aparición de enfermedades o discapacidades), vamos a adentrarnos en las consecuencias que se desprenden de las diferencias entre dichas condiciones de vida, y de cómo equilibrar la balanza de derechos frente a las desigualdades manifiestas.

Con el sistema actual, y considerando el derecho a la salud como el derecho a recibir asistencia médica ante un evento de salud individual, estamos ante la imposibilidad de que el sector que técnicamente se denomina “de salud” o “sanitario”, el cual suele agruparse y limitarse a los confines de los ministerios de salud, pueda interceder con eficiencia en algunos o todos los determinantes que enumeramos antes. Sólo podríamos imaginar campañas de recomendaciones poblacionales de cuidado individual, que es lo que habitualmente se hace para cubrir estas deficiencias preventivas. O bien uno podría imaginar situaciones de recomendaciones en los consultorios, como ser…

“Luego del antibiótico correspondiente el médico que lo atiende le diga “mire buen hombre, con esta pastillita matamos la bacteria, pero por favor cuídese de la pobreza, no tome el agua de la canilla de su casa, esquive el basural que tiene en la esquina, mejore su salario rápidamente y termine de una vez por todas con ese secundario”. Ante esta situación no queda más remedio que agradecer al cielo por la existencia de la pastillita.”

De lo que se trata al fin es que con altibajos sólo hemos podido, desde las estructuras formales de salud, trabajar sobre el derecho a tratarse (en el mejor de los casos curarse) de la afecciones de cada uno, independientemente de donde  viva, donde trabaje, o de que estudios tenga. O sea que el horizonte más popular alcanzable es la perfecta equidad asistencial, en donde todos los habitantes gocen del derecho a la misma calidad en cuanto a diagnóstico, internaciones, tratamientos, acceso a medicamentos, traslados y hasta rehabilitaciones. Lo que convengamos no es poco ni tampoco habitual en este mundo con abundancia de liberalismo. Pero soñemos con algo más de atrevimiento, ¿no sería fantástico que la gente tenga el mismo derecho individual a no enfermarse? Desarrollemos.

Es a todas luces obvio que la posibilidad de “no enfermar” es una utopía y hasta podríamos decir que una entelequia, pero lo cierto es que no es lo mismo evitar enfermedades en algunos que en otros, en pobres que en ricos, en alfabetizados que en analfabetos, en trabajadores que en desocupados, en residentes urbanos que en rurales, etc., etc., etc., pero a pesar que el sistema conoce perfectamente que las desigualdades inciden sobre el riesgo de enfermar, no tiene herramientas, ni personal, ni presupuesto (y acaso ni siquiera vocación) para intentar equidad en este derecho también.

Y estamos hablando de lograr equilibrar los riesgos de enfermar, no de evitar completamente las enfermedades. Porque también enferman universitariosadineradosresidenciales  que sin embargo, parecieran tener más derecho a no enfermar que los analfabetosindigentessinhogar. En una brecha muchísimo más pronunciada que la devenida del derecho a recibir asistencia y que aparte, como demostramos en renglones anteriores, estas desigualdades están asumidas como naturales e inherentes a cuestiones ajenas a las que desde los consultorios se puede abarcar.

Ahora bien, si consideramos que “lo justo” sería, además de que todos gocemos de iguales posibilidades asistenciales,  que todos tengamos  también semejantes exposiciones o riesgos a enfermarnos. Entonces deberíamos pensar en estructuras distintas a las que tenemos. De lo primero ya venimos ocupándonos desde Carrillo en adelante, en cambio de nivelar las posibilidades de prevención parece que estas sólo pueden abarcarse desde otras estructuras que no necesariamente conocen o priorizan con mentalidad sanitaria (desarrollo social, educación, planeamiento, etc.), y quizás aquí esté la clave de cuál es el desafío más cercano que tengamos desde la militancia del sector conocido como “salud”.

Lógicamente que para poder interceder en las decisiones políticas que puedan tomarse desde cualquier estructura estatal hace falta que nuestros militantes entiendan que el diagnóstico (tanto político como clínico), no alcanza para trabajar el derecho a no enfermar. Y que necesitamos traspasar los muros de centros de salud y hospitales pero, no sólo para ponernos a disposición de programas de abordajes sino para poder aportar sanitarismo a cada una de las políticas públicas que se implementen a partir del conocimiento por sobre todas las cosas.

Desarrollemos un poco más, hay innumerables estudios que relacionan aumento de incidencias de enfermedades en distintas poblaciones o individuos diferenciados por cuestiones sociales, económicas, ambientales o culturales. Pues entonces, si conocemos las causas del riesgo aumentado y si además sabemos el corte aproximado desde donde se dispara tal inequidad preventiva (como podrían ser un determinado salario mínimo, o una mínima escolaridad, o presencia de agua potable intradomiciliaria y cloacas, etc.), lo correcto es que fijemos objetivos sanitarios relacionados con estos límites.

Las preguntas que debemos hacernos como militantes sanitarios para ir fijando objetivos son sencillas: ¿Qué escolaridad mínima me asegura que no haya diferencias en el bajo peso al nacer entre unas embarazadas y otras? ¿Qué porcentaje máximo de agua de pozo es permisible para que no haya más riesgos de diarreas en un barrio que en otro? ¿Con qué salario mínimo familiar logramos hacer desaparecer las diferencias de mortalidad infantil entre unos hogares y otros? Y miles de preguntas más que ya tienen respuestas o podrían tenerlas y que podrían transformarse en nuevos objetivos medibles con indicadores directos novedosos, que se sumen a los ya diseñados medibles a través de indicadores indirectos conocidos.

Luego viene la parte más difícil que es la de militar tales objetivos sanitarios en una estrategia que debe ser necesariamente transversal, en donde se hace imprescindible involucrarse en “estructuras ajenas” para poder incidir en las estrategias, las prioridades y las urgencias de las políticas públicas de estos otros sectores. Dejamos como tarea, la de imaginar cuales serían las formas de trabajo a adoptar para hacer viable y eficiente esta intervención.

Y decimos trabajo militante porque obviamente estas metas no pueden desarrollarse desde las estructuras formales de salud, cuyas tareas exceden muchas veces las posibilidades operativas que poseen naturalmente y sobre las que hay que seguir buscando perfección.

Al fin, lo que proponemos es militar por lograr justicia e igualdad desde el conocimiento cabal de las causas que provocan las inequidades, así como las magnitudes que determinan su incidencia, bregando así para que todos tengamos el mismo “derecho  a no enfermar”. ¿Nada nuevo no?

Pablo Basso

Doctor, me recetaría un medicamento para no enfermarme?

El sistema de salud es la negación del derecho a la salud? (pregunta realizada por un compañero luego de escuchar una argumentación semejante a la que sigue más abajo) 

La salud es medida e identificada siempre, como la capacidad del sistema para resolver la demanda de asistencia médica en general. Esta forma de evaluar al sistema sanitario cuenta con variables muy popularizadas tales como tiempo de espera para conseguir turnos, existencia de profesionales especialistas en cada centro asistencial, tiempo promedio de presencia de ambulancia en urgencias, cantidad de pacientes diarios atendidos por médicos, estado edilicio de hospitales y centros de salud, mobiliario y predisposición del personal en salas de internaciones, y varios etcéteras imaginables que de hecho son un importante componente del sistema de salud (afortunadamente arraigado como derecho en nuestro país) pero que está muy lejos de conformar la totalidad de las obligaciones del estado para con sus ciudadanos. En este punto quizás se pueda arriesgar que sectores más informados se atrevan a medir el estado sanitario por variables más “científicas” como puede ser la mortalidad infantil, pero inclusive en estos sectores afectos a índices estadísticos prima muchas veces la necesidad de evaluar el sistema por la cantidad de camas o enfermeros por cantidad de pobladores o la distancia promedio de un ciudadano hacia el centro asistencial más cercano, u otras etcéteras que siguen hablando de lo mismo (dejo aclarado aquí que pertenezco en cuerpo y alma a estos sectores fanatizados con los diagnósticos en base a indicadores).

En realidad de lo que estamos hablando cuando consideramos a la salud a través de estos parámetros señalados al principio, es sólo de calidad asistencial o sea, sintéticamente, la eficiencia del sistema para reparar afecciones y la satisfacción del usuario respecto al proceso completo (desde el inicio de la enfermedad hasta su recuperación final).  Esta calidad asistencial que es una lucha irrenunciable de todos los sectores políticos populares y es el reclamo más clásico de los ciudadanos más allá de su condición social, es la cara de la salud pública más visible y posiblemente el único aspecto sobre el que las estructuras políticas sanitarias y sus autoridades tienen real incidencia. Esta última afirmación merece algo más de detalle, allá vamos, paciencia.

Se dice también que la salud tiene dos grandes pilares que son la prevención y la asistencia, y que las políticas diseñadas para cada una de estos son patrimonio indelegable de las secretarías o ministerios de salud pública ya sean de tipo municipal, provincial o nacional. Claramente se puede aseverar que nadie más que estas autoridades sanitarias son capaces de incidir en el estado general de centros de salud y hospitales, cantidad y calidad del personal que los habita, procesos de asistencia de primer nivel y complejidad, protocolos de tratamientos, internaciones, derivaciones, etc. A nadie se le ocurre pensar que un director de escuela o un ministro de justicia puedan recetar algún tipo de antibiótico o determinen que condiciones de idoneidad deben cumplir los camilleros de ambulancias y ni siquiera la marca de lavandina que se usará para la limpieza de los baños de terapia, es decir, que no hay nadie ajeno a las estructuras políticas sanitarias que tengan posibilidades ciertas de inmiscuirse en un universo absolutamente reservado para el “colectivo sanitario”.

Pero lo contrario, también será cierto? Puede Salud inmiscuirse en otras áreas de gobierno?

La pregunta deviene de la preocupación por las políticas de tipo preventiva, en donde los que menos tienen que ver son las autoridades sanitarias. Así es que un director de hospital puede autorizar que se interne un niño por riesgo nutricional pero está imposibilitado de comprar comida para ese hogar, o un médico de un centro de salud puede recetar medicación y tratamiento y hasta derivación hacia centros de mayor complejidad con el sólo diagnóstico clínico de hipotermia severa pero no puede lograr que la farmacia o la administración de dicho centro tengan frazadas disponibles para personas en riesgo en épocas invernales, entre millones de ejemplos que podrían citarse para explicar el corto alcance de las estrategias de prevención de enfermedades desde las estructuras formales de salud pública. O sea que volviendo al tema de la incidencia real, ésta sólo se efectiviza en las cuestiones asistenciales pero tiene inconmensurables inconvenientes al momento de tratar de prevenir enfermedades que no tengan posibilidades de inmunización a través de vacunas (mecanismo preventivo por excelencia y que nuestro país ha transformado en prioridad). Ahora bien, la pregunta sigue sin respuesta concreta, pues que las autoridades sanitarias no cuenten con los medios necesarios para poder evitar que la gente enferme no quiere decir, necesariamente, que no puedan incidir sobre los responsables de tomar medidas que sí podrían caratularse como eminentemente preventivas, por lo que el escudo puede romperse finalmente de adentro hacia afuera.

Una cosa más. Hasta ahora recorrimos vericuetos relacionados con las deficiencias asistenciales y las imposibilidades de fijar políticas preventivas efectivas por parte de las autoridades sanitarias pero nada dijimos de los reales responsables de velar por ese derecho. Veamos.

Los determinantes de salud, o sea esas cosas que nos rodean y nos pasan y que terminan enfermándonos, son identificables y han sido bastante consensuadas. No hay sanitarista que se precie que no los enumere en cada oportunidad que tiene o en cada trabajo científico que escriba, sin embargo los responsables de resolver los riesgos devenidos de esos “determinantes” no tienen esa información tan vívidamente presente como nuestros queridos amigos sanitaristas. Esto se traduce en priorizaciones inadecuadas de políticas públicas como el famoso ejemplo del intendente que prefirió el cordón cuneta antes que la red cloacal por ser más visible y con posibilidades de corte de cinta inaugural, pero sanitariamente el resultado será de mucho menor impacto que el esperado de haber sido al revés.

Para poder fijar prioridades sanitarias en cada una de las decisiones políticas (obras públicas, horarios de gimnasia en escuelas primarias, créditos a productores de frutas y verduras, normas de tránsito, salarios, distancias de fumigados y miiiiiles y miiiiiiles de etcéteras) no necesitamos sanitaristas en cada oficina de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales sino que una clara concepción del derecho a la salud como la suma de todos los derechos y proceder en consecuencia. Obviamente que esto no puede nacer desde las actuales estructuras formales del sistema de salud porque son precisamente las más contaminadas con el paradigma dominante, tampoco vendrá de la dirigencia política tradicional que mal o bien intencionadamente busca el reconocimiento de su pueblo que hasta ahora reclama “más cantidad de servicios de salud”, así que efectivamente es el propio pueblo el que deberá organizarse bajo la premisa de defender su más preciado derecho.

Porque es difícil cambiar la situación de la salud pensándola desde el paradigma impuesto por los poderosos de siempre que no sólo digitan lo que pensamos sino que también llegan a diseñar lo que exigimos. No es casualidad que nos hayan convencido de tener una visión individualista que reclama más cantidad de servicios, porque es precisamente en esa premisa mercantilista en donde “los dueños de los medicamentos y la tecnología médica” hacen sus negocios multimillonarios.

Que sólo pidamos calidad de atención, como quieren los actuales amos del universo, significa renunciar a exigir el verdadero derecho a la salud que podría decirse que es el derecho a no enfermar. Esto sólo es posible cambiando el eje del reclamo, de lo individual a lo social y desde lo meramente asistencial hacia lo integral. El primer cambio es conceptual, es de uno mismo y no es difícil pues sólo hay que detenerse en asociar los principios básicos que comúnmente defendemos como el de soberanía y libertad con la realidad de los modelos sanitarios y los intereses que los mueven. Podemos pensar rápidamente en cambios de mentalidad respecto a la inercia medicalizante, o a irrespetar currículas universitarias derivadas del actual paradigma concentrador del saber en manos de semi dioses, o inclusive romper con esa premisa de opción personal por la “vida sana” en vez de ser una condición transversal que atraviese derechos laborales, condiciones de saneamiento ambiental, accesibilidad a alimentos sanos y nutritivos, y otros muchos ítems.

Otro paradigma, otro modelo de organización popular sanitaria, otro tipo de demanda.

Y hasta acá llegué, acá levanto las dedos del teclado. Para los próximos renglones se necesitan más manos.

Un poco más de confusión sobre prevención en salud (mil perdones)

“Enfocarnos en la prevención y promoción en salud”. Debe ser uno de los latiguillos más repetidos desde distintos lugares ideológicos y técnicos.

También es bastante frecuente tratar de comparar lo invertido en estas tareas y lo dedicado a la asistencia propiamente dicha y a través de ese análisis poder interpretar las intenciones y particularidades de cada sistema de salud. Sin embargo el gasto en prevención no puede medirse desde el porcentaje del presupuesto de salud que se dedica a programas educativos, porque hay innumerables acciones preventivas y promocionales que se financian con otros fondos distintos a los de los ministerios de salud. De hecho, obras públicas, educación, vivienda o mejoramiento de las condiciones de trabajo, entre otras muchas cosas, son pilares de las políticas preventivas en salud, por lo que cuando se escucha que vamos a destinar más parte del presupuesto de salud a la prevención debería entenderse que los ministerio de salud renunciarían a parte de su presupuesto en beneficio de otros tales como los Ministerios de Planeamiento, Educación, Trabajo, etc.

Esto último que se plantea juega con una situación casi ridícula, pero si uno quisiera saber en realidad en que consta el presupuesto dedicado a promoción y prevención no puede deducirse de lo utilizado en el primer nivel de atención (argumento falaz pero muy difundido) puesto que aquí mayormente se realizan tareas asistenciales (con las honrosas excepciones que nos mantienen ilusionados a los utópicos). De todas maneras es comprobable el gasto en prevención en programas tales como el de municipios saludables con clara orientación en ese sentido, o el sueldo de agentes sanitarios o promotores y el de vacunadores, o las propias vacunas y quizás muchas más que no necesariamente componen un universo organizado de políticas preventivas.

Por otro lado, la cuestión asistencial es claramente responsabilidad exclusiva de los ministerios de salud (o sea el garantizar el derecho a la asistencia médica accesible, equitativa y de calidad) y por lo tanto resulta obvio que tamaña responsabilidad determine que el mayor esfuerzo esté puesto en esa dirección. Esto coincide con lo que a las autoridades y trabajadores sanitarios se les exige desde la población en general, puesto que la identificación es casi plena con las estructuras asistenciales visibles, hospitales y centros de salud, dejando las obligaciones para preservar la salud en manos del auto cuidado, del clima o de los organismos de control.

Pregunta obligada: es eficiente el estado para garantizar esos derechos (asistencia y evitabilidad)? Porque parece más útil enfocarse en lograr perfeccionar los indicadores de accesibilidad, de equidad y de calidad que se exigen a diario, que intentar avanzar sobre el derecho a preservar la salud (o derecho a no enfermar) que es muchísimo menos sentido por el pueblo en general y hasta inclusive por la mayoría de los propios trabajadores de salud, pero que aparte el estado ha demostrado una sistemática capacidad para fracasar con cada programa preventivo que no incluya a soluciones inmunoprevenibles.

Pero en el rol asistencial y siguiendo con la pregunta realizada, es también cierto que el estado puede ser más o menos eficiente en estas tareas de aseguramiento y cuidado de los derechos derivados de ese rol, pero sin ninguna intención de analizar distintas opciones ideológicas o modelos de gestión me atrevo a aseverar que las políticas aplicadas desde el año 2003 hasta acá son continuadoras y hasta mejoradoras (perdonen los compañeros nostálgicos) de las que nos legara Carrillo. Bajo la misma arrogancia, asevero también que en ocasiones anteriores a este gobierno nacional y popular las experiencias por las que han atravesado los centros asistenciales y sus trabajadores ha sido nefasta desde el punto de vista que se prefiera examinar.

Volviendo a las posibilidades de políticas que sumen derechos a mantenerse saludable y en otro circuito de debate se ubican subjetividades alentadoras como lo son “la sensibilidad vocacional” o “la mística sanitaria militante” que lamentablemente no son la moneda corriente en la actualidad, pero a los que puede acudirse de manera esperanzadora para cometidos relacionados con prevención o promoción en caso de recuperar esos valores para la mayoría de los involucrados en el universo sanitario.

Ahora bien, si coincidimos que información, esfuerzos territoriales informales o educación para la salud no son del todo suficientes para prevenir enfermedades y si aparte hacemos consciencia sobre que los principales determinantes de salud no están al alcance de las estructuras formales y posibilidades operativas del sistema de salud, podremos pensar en mecanismos o estrategias que hagan que la territorialidad que puedan alcanzar nuestros compañeros de “salud” redunde en participación popular efectiva. En este último sentido son muy conocidas las experiencias que en distintas épocas se han llevado a cabo con mayor o menor grado de organización, desde el ATAMDOS de Floreal Ferrara hasta la solitaria recorrida de un agente sanitario rural, en donde la sensibilidad y la mística militante chocan contra las imposibilidades de resolución (e inclusive de gestión) para los problemas que se presentan fuera de las paredes de los centros asistenciales.

Quizás deberíamos revisar que tan transversales podemos ser para poder imponer prioridades sanitarias (popularmente avaladas) a otros sectores más relacionados con esas posibilidades operativas de la que hablábamos. Podría decirse que el riesgo de perder territorialidad se relaciona con la falta de respuestas que un área tan especializada como la sanitaria evidencia constantemente por su insignificante intersectorialidad. Por supuesto que la estrategia APS resolvía esta disyuntiva poniéndonos como eje de una convocatoria popular que sólo es realizable y eficiente con un fuerte protagonismo que no poseemos por el simple hecho de no contar con las herramientas o recursos para abordar las principales demandas.

Finalmente y más allá de lo desordenado del aporte que intento, me atrevo a concluir con una reflexión sintetizadora del pensamiento precedente. Podemos ser excepcionalmente inclusivos, justos y eficientes con las tareas asistenciales que la sociedad nos exige siempre y cuando las políticas respondan, en génesis y futuro, a un proyecto nacional y popular, pero no podremos hacer realidad nuestros sueños de evitar enfermedades sino recuperamos la sensibilidad del sistema y la mística sanitaria militante y tampoco seremos eficientes en este desafío sino incorporamos la intersectorialidad como mecanismo de trabajo constante para poder inseminar de prioridades sanitarias a toda acción de gobierno.

Hay un agujero negro entre mi cocina y el quirófano

A la sobrina de la del kiosco no le vino este mes, los chiquitos de la casa de la esquina andan con flojera desde la semana pasada, este fin de semana dos nenes más se tajearon con el clavo ese de la hamaca de la placita, el viejo de al lado le ha contagiado la tos a los nietos parece.

Y entonces el vecinalista o el militante o simplemente la persona sensible y solidaria se pregunta: ¿sabrá el ministerio de salud lo que pasa en mi barrio?

Pero la pregunta en realidad debería ser: ¿sabrán en el barrio lo que pasa en el ministerio de salud?

Entonces la carga de la responsabilidad pareciera invertirse y la organización popular adquiere un predominante rol en el status sanitario de cada rincón.

Es cuestión de imaginar desde donde exigimos y hacemos uso de nuestros derechos. Queda el convite a debatir estos mecanismos de ausencia crónica. 

..8, 9 y 10, el que no se cuidó se jodió.

Se ha escuchado que la responsabilidad en salud que tenemos las personas tiene que ver exclusivamente con el auto-cuidado, inclusive se ha mencionado también que las decisiones que cada uno de nosotros tome es determinante en los grados de salud que puedan alcanzarse. Y algo de eso hay. Es a todas luces obvio que más sanos estaremos cuando más nos cuidemos, pero lo que no es aceptable es medir las desigualdades en salud a partir de actitudes o decisiones personales.

A ver si aclara con algún ejemplo. Considerar que la obesidad es responsabilidad propia y que es la consecuencia de un desorden alimentario provocado por decisión de la persona es una forma simpática de sacarse el problema de encima y recarga la responsabilidad en la gente en vez del sistema. Y esto tiene una lógica innegable que es la de las distintas actitudes que tomamos cada uno de nosotros frente a la alimentación o la actividad física (para este caso en particular sobre el que estamos ejemplificando) que repercute directamente en nuestra condición de salud. 

Ahora bien si damos por cierto esto de que las enfermedades tienen un importante componente personal llegaríamos a justificar las desigualdades como resultados de distintas responsabilidades frente a nuestros cuerpos y no como un determinante sistémico, pero (siguiendo con el caso-ejemplo del sobrepeso) esto sólo podría ser correcto ante una igualdad absoluta de conocimientos nutricionales, acceso al alimento, condición socio-económica, condiciones laborales, tipo de familia, etc. O sea, que recién cuando logremos enrasar todos los determinantes de salud podremos atribuir las desigualdades o distintos grados de salud a cuestiones meramente individuales.

Al fin de cuentas, reconocer un problema de salud como resultante de inequidades y desigualdades preexistentes obliga a elaborar políticas correctivas que no se limita a culpar al obeso por lo que comió, al accidentado por su imprudencia, al diabético por el mate dulce, al canceroso por lo que fumó, a la mujer con embarazo de riesgo por no acudir a los controles y etc, etc, etc, sino que, tales políticas, deberán incidir sobre todos esos determinantes sociales, económicos y sanitarios a los que hacíamos referencia y abandonar esa excusa de sociedad suicida con que el sistema suele disimular sus ineficiencias.

Hola, le puedo hacer una preguntita?

El sistema de salud tiene infinitas vertientes que afectan con distintas dimensiones la mantención del estado de salud o la recuperación de tal estado de las personas, pero sin embargo no son tantas las variables ideológicas que rigen a estos sistemas y las diferentes visiones de cómo implementar políticas sanitarias pueden verse como monumentales por quienes se adentran en las cuestiones de salud o simplemente como sutiles para los más neófitos en la materia.

Así, a grandes rasgos, uno puede suponer que la intención final de cualquier sistema de salud, de cualquier proveniencia política-ideológica, es evitar que la gente enferme y curarla rápidamente cuando ha enfermado. Podría agregársele también como concepto unificador el hecho de lograr estas metas con la mayor eficiencia posible. Sin embargo esto que derrocha sencillez argumental es harto complicado y tiene más de una manera de llevarlo a cabo; E inclusive en esas estrategias disimiles, acorde a su visión ideológica, se encuentran las mayores dificultades y se producen las mayores inequidades.

Basta de cháchara y vamos a la consulta. Por favor lea el siguiente texto:

“La universalidad, emblema y orgullo de nuestro sistema de salud, puede darse bajo el concepto de disponibilidad asistencial o bajo la conceptualización de la salud como un derecho.  O sea, asegurar los mecanismos para obtener asistencia médica gratuita en cada lugar o asegurar los mecanismos para que el derecho a recibir asistencia médica se cumpla.”

Pregunta:  Ud cómo leyó esto último?  Le parece una diferencia sustancial o una cuestión sutil?